La participación y aprobación de las comunidades se ha convertido en un elemento fundamental para que los proyectos ambientales y forestales puedan llevarse a cabo de manera legal, transparente y con resultados duraderos, especialmente en iniciativas relacionadas con mercados de carbono y conservación del territorio.

Lo anterior lo señaló Octavio López, director de la asociación ecologista Nación Verde, quien explicó que el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un derecho humano reconocido a nivel internacional, especialmente para pueblos indígenas y comunidades agrarias como los ejidos en México, y que va mucho más allá de un trámite administrativo.

“El consentimiento debe ser libre, previo e informado, lo que significa que la comunidad tiene que decidir de manera autónoma, sin presiones y con información clara sobre beneficios, riesgos y compromisos a largo plazo antes de que cualquier proyecto inicie”, anotó.

El director destacó que este proceso se sustenta en cuatro pilares esenciales: que la decisión sea libre de coerción, que se obtenga antes de cualquier actividad técnica o legal, que la información sea transparente y accesible, y que la aprobación surja de una decisión colectiva formal a través de mecanismos participativos.

En ese sentido, Octavio López indicó que dentro del estándar internacional Climate Action Reserve (CAR), el CLPI forma parte de las salvaguardas sociales indispensables para registrar proyectos forestales, por lo que sin este consentimiento no es posible avanzar en los protocolos de certificación.

“En Nación Verde este principio guía todos nuestros proyectos, ya que acompañamos a las comunidades para que comprendan a profundidad las iniciativas, participen en asambleas informativas y tomen decisiones con pleno conocimiento sobre sus territorios”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la organización facilita la traducción de conceptos técnicos a un lenguaje claro y accesible, lo que permite entender prácticas como el manejo forestal mejorado, la restauración de tierras degradadas y la conservación de áreas naturales, además de formalizar actas de asamblea conforme a la Ley Agraria mexicana.

Para concluir, el director subrayó que garantizar procesos sólidos de CLPI no sólo representa una obligación ética y legal, sino una estrategia esencial para construir confianza con las comunidades y asegurar proyectos duraderos, transparentes y socialmente responsables frente a la crisis climática.