Los incrementos contemplados en la propuesta de Ley Federal de Derechos 2027 han generado preocupación entre el sector empresarial de Tijuana, debido a que el aumento en cuotas, permisos y servicios gubernamentales podría elevar considerablemente los costos de operación y terminar trasladándose a consumidores y usuarios.

Así lo indicó el C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, quien señaló que los ajustes tendrían especial impacto en sectores como salud privada, turismo, transporte y logística, además de empresas que requieren servicios migratorios, mientras que para industria y comercio se contemplan mayores cargas relacionadas con trámites ambientales y obligaciones en materia de agua.

“Nos preocupan incrementos de esta magnitud porque finalmente representan mayores costos para las empresas y pueden afectar su capacidad para invertir, crecer y generar empleos; consideramos necesario revisar que los aumentos sean proporcionales al costo real de los servicios que presta el gobierno”, refirió.

Entre los ajustes más significativos, dijo, se encuentran las licencias sanitarias para transfusiones, que pasarían de mil 482 a 17 mil 349 pesos, equivalente a un incremento de 1,071%, mientras que los protocolos de investigación médica aumentarían 427% y algunas licencias relacionadas con radiación médica alrededor de 100%.

Lyle Fritch agregó que también deben analizarse las implicaciones para una región fronteriza como Tijuana, ya que se contemplan incrementos de 66% en visas y de 153% en visas de larga duración, además de un aumento de 17.8% en el Derecho de No Residente para visitantes extranjeros, factores que podrían generar presiones adicionales para la actividad turística y las empresas que requieren movilidad internacional de personal.

“Tenemos que cuidar que una mayor recaudación no termine restando competitividad a sectores estratégicos ni frenando inversión privada, ya que el riesgo es que estos costos adicionales se acumulen y finalmente sean absorbidos por las empresas o trasladados al consumidor”, afirmó.

El dirigente empresarial enfatizó que los efectos también podrían alcanzar las cadenas logísticas mediante mayores costos regulatorios en navegación aérea y concesiones ferroviarias, mientras que las nuevas obligaciones relacionadas con agua y trámites ambientales podrían representar cargas adicionales para industria y comercio.

No obstante, reconoció como aspecto favorable la reducción de derechos e incentivos planteados para ampliar infraestructura digital y redes 5G, medidas que podrían estimular nuevas inversiones en conectividad y favorecer el desarrollo tecnológico en zonas prioritarias.

Finalmente, el presidente del CCE Tijuana consideró necesario evaluar la proporcionalidad de los incrementos, medir su impacto sobre inversión y costos operativos, revisar sus efectos en las cadenas logísticas y garantizar transparencia en el destino de los recursos recaudados, al advertir que aumentos superiores al 1,000% en determinados trámites podrían afectar la competitividad de sectores estratégicos.